Parte III
Retos y desafíos
La legislación que atañe directamente a los archivos puede reducirse a:
Ley del Sistema Nacional de Archivos. Emitida en 1982 y reformada hasta 2020, prácticamente sin vigor aunque vigente.
Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos (1983 – 1992).
Ley Orgánica de Cultura – 2016; evidencia la bifurcación del Sistema nacional de archivos, ampara solo a los archivos históricos entre los artículos 36 al 38.
Regla Técnica para Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos, emitida en 2019, afecta solo a la función ejecutiva.
Otros cuerpos legales se refieren de forma expresa o tácita a la gestión de documentos y a los archivos: Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial; Ley Orgánica de Empresas Públicas; la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, etc. De su comparación se “…evidencian contradicciones, anomias, antinomias, lagunas normativas, lagunas axiológicas e interpretaciones, que atentan contra la seguridad jurídica” Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Archivos, 2022.
La carencia de recursos, así como las ausencias de protocolos para el manejo de los documentos, ha resultado en la pérdida, sustracción y robo de documentos con valor permanente y patrimonial importante. Este fenómeno no es nuevo; se refieren ventas y saqueos desde principios de la República, mermas en los archivos eclesiásticos y civiles, pérdida de libros de cabildo y protocolos notariales del Siglo XVI y XVII en manos de coleccionistas (Noboa, 2002).
Un problema constante para el buen funcionamiento del Archivo ha sido y es la falta de espacios adecuados donde puedan reposar los documentos que forman sus fondos y colecciones. Desde su inicio como institución, el Archivo no ha contado con un local propio y ha dependido siempre de otras instituciones ofrecer acceso al público y albergar el valioso acervo que resguarda. Entre otras consecuencias, esto le ha imposibilitado la recepción de más documentación histórica y la puesta en valor de la que tiene.
Contar con un laboratorio de conservación equipado e incorporar en su nómina profesionales en conservación y restauración, se precisa para enfrentar el deterioro sufrido por los documentos que han sido afectados por la humedad, agentes biológicos, roturas y demás factores, naturales y humanos. A medida que se ha avanzado en la implementación de normas, la adecuación de espacios disponibles y la profesionalización de personal del Archivo, se ha conseguido diagnosticar y manejar de mejor manera la conservación de los documentos, aunque esto continúa siendo un desafío.
El contexto académico de formación en materia archivística es muy importante, pues incide y, a su vez, se ve afectada por la creación de plazas de empleo. Es, sin embargo, preciso que el Archivo pueda ser parte de este círculo virtuoso y nutra sus procesos de los conocimientos que la archivística moderna ofrece; a través de la realización de concursos de méritos y oposición.
Uno de los mayores problemas que aqueja al Archivo es la falta de recursos de toda índole. Conseguir una mirada más atenta de los asignadores de recursos es imprescindible, y ha sido una necesidad evidenciada por quienes han ocupado la dirección del Archivo en el transcurso del tiempo.
Poco interés ha habido porque el país preserve adecuadamente su memoria escrita y cuente con un Archivo Nacional que se compare al resto de Archivos de la región. La riqueza documental que se encuentra en los repositorios del Archivo Histórico Nacional resulta una fuente vasta para el estudio de la Historia Nacional y Regional; las potencialidades de investigación y disfrute son inmensas.
Mucho se podría hacer con recursos por la cultura y el patrimonio documental de los ecuatorianos, por el análisis y la reflexión histórica crítica y meticulosa.
Al final del día, no fortalecer este tipo de espacios y que la población no sea capaz de regresar a ver a su historia para aprender de ella, también sea una decisión política.